El 26 de abril de 1973, el dictador Alfredo Stroessner, sin informar antes al pueblo, con la suscripción del Tratado de Itaipú, supeditaba el futuro del Paraguay a los designios de Planalto e Itamaraty. Hoy, 29 años después, el PLRA, con Federico Franco a la cabeza, con un hermetismo muy parecido, firma el primer acuerdo con Rio Tinto Alcan, para que esta multinacional, a precio banana, aproveche la energía paraguaya en la usina binacional.
El 18 de abril de 1973, nueve días antes de la firma del Tratado de Itaipú, ABC Color, editorial mediante, advertía “... que nuestro país se encamina a la firma del acuerdo sobre Itaipú en condiciones muy especiales. No han trascendido hasta la fecha los textos de los instrumentos binacionales que marcaron los primeros pasos hacía lo que se está por convenir ni se conoce, también hasta la fecha, el texto de formulación brasileña que estaría sirviendo de base por el próximo acuerdo final...”.
Ojos vendados
El pueblo paraguayo, con los ojos vendados por la desinformación y las manos atadas por el silencio del gobierno liberal de Federico Franco, así como de su correligionario presidenciable, Efraín Alegre, llega hoy, 21 de diciembre de 2012, a la suscripción de un preacuerdo con la multinacional Río Tinto Alcan (RTA) para que instale en nuestro país una procesadora de aluminio.
Sin duda alguna no se trata de una inversión cualquiera, ni de una empresa cualquiera, sino de un proyecto que, como Itaipú, puede trastocar el presente y el futuro de la República, y de una firma con capacidad para comprar políticos, legisladores e incluso gobiernos.
Entonces, una vez más, un gobierno que presume de democrático, pero con una actitud cuasi similar a la del dictador Stroessner, “encamina” al país a la firma de acuerdos sobre la instalación de un megaproyecto, cuyos términos, condiciones, etc., ignora absolutamente el elector paraguayo, ese que en abril próximo, con su voto en la mano, irá a las urnas a elegir al presidente de la República.
Exigencias de la inversión
En líneas generales, de acuerdo con los informes arrancados a los “negociadores paraguayos”, que muchas veces fueron confundidos como lobbystas de la RTA, la planta de aluminio demandará 1.100 MW de potencia o, 9.600.000 MWh por año.
Recordemos que en la presente temporada estival, el mercado paraguayo, en la hora pico, utilizó poco más de 2.300 MW. Luego, la lingotera de RTA consumirá casi la mitad de todo lo que hoy consume el Sistema Interconectado Nacional.
Debe enfatizarse que la demanda de la planta de aluminio será constante, no esporádica o con interrupciones, incluso se especula, ya que el gobierno de Franco niega información, que la firma pediría resarcimientos al proveedor de la energía si esa condición no se cumpliese.
Subsidio
La tarifa que se ofrecerá a la multinacional es otro de los secretos guardados bajo siete llaves.
Una vez más, gracias a trascendidos, de acuerdo con las conclusiones de la cultora europea CRU Strategies, contratada con dinero de Itaipú, esa tarifa debería rondar los US$ 30/MWh.
Francisco Rivas, ministro de Industria y Comercio, declaraba recientemente que “una tarifa razonable sería de US$ 45/MWh”, para RTA, obviamente.
Diego Zavala, hoy viceministro, ayer jefe de la comisión especial ensamblada para “estudiar” del propuesta de RTA, sostenía que US$ 60/MWh es un precio alto para RTA.
El viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, aún bajo la administración de la ingeniera Mercedes Canese, dio a conocer la tarifa básica, sin subsidio, debería ser de US$ 59,7/MWh. En otras palabras, entre la cifra soltada por Rivas y la conclusión del anterior equipo técnico de Minas y Energía hay una diferencia de US$ 14,7/MWh.
Todos saben que el subsidio es pagado por el contribuyente, con sus impuestos, por lo tanto, si el Paraguay aceptase la tarifa mencionada por el ministro Rivas, según las conclusiones del anterior equipo técnico de Minas y Energía, el contribuyente paraguayo deberá subsidiar a la poderosa multinacional con un monto que ronda los US$ 144 millones por años hasta el 2023.
Además, ¿quién correrá con los costos de las obras de infraestructura que necesita la lingotera de RTA, estimado en unos US$ 700 millones?
¿Y el Impacto ambiental?
La Secretaría del Ambiente (Seam) nada dijo hasta hoy sobre el impacto que tendría en nuestro ecosistema la implantación de una procesadora de aluminio como la que proyecta el gobierno del PLRA, con Federico Franco a la cabeza, y la firma multinacional Rio Tinto Alcan.
En el proceso, según fuentes técnicas, se usa fluorita y se manipula sustancias contaminantes, materias primas e insumos de este tipo de lingoteras.
Además, el soslayamiento de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en definitiva la proveedora de energía (¿o no?), de las negociaciones es otro de los puntos oscuros de este capítulo.
Fuente: ABC
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