Organiza: Movimiento 138. Colectivo de resistencia cultural.
Apoya: Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP)
¿Por qué se persigue a los campesinos en Paraguay?
En Paraguay, el movimiento campesino es el único grupo social con capacidad de presionar al Estado por el acceso a derechos humanos fundamentales. En el siguiente texto se resumen cuestiones desarrolladas en la disertación de especialistas sobre el tema.
“Criminalización de la protesta campesina en el Paraguay” se llamó la charla debate realizada en Buenos Aires el pasado 20 de septiembre en la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, organizada por el Movimiento 138 con el apoyo del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP). Las disertaciones estuvieron a cargo de los abogados especalistas en Derechos Humanos Juan Martens y Dante Leguizamón.
Juan Martens, abogado criminólogo, señaló que cuando se habla de criminalización de la protesta social se está haciendo referencia al mecanismo por el cual el Estado despliega su aparato jurídico, policial y/o militar hacia determinados grupos sociales que llevan a cabo manifestaciones públicas de protesta o reclamos de acceso a derechos. De esta forma, el Estado desoye las reivindicaciones de los manifestantes y a su vez sanciona determinadas conductas desde el aparato judicial punitivo. El objetivo final de la criminalización es la desarticulación de las organizaciones sociales en general y del movimiento campesino en particular.
Los reclamos del campesinado, se sostienen sistemáticamente a través de sus acciones directas como las ocupaciones de predios públicos y privados o el cierre de rutas nacionales e internacionales. Debido a esto, las organizaciones campesinas son las que con más fuerza están siendo sometidas a la violencia estructural de parte de las fuerzas represivas del Estado y de los gobiernos que no implementan las políticas públicas necesarias para superar las condiciones de desigualdad que aquejan a las comunidades campesinas.
¿Por qué hay más conflictos en la zona norte de la región oriental?
En la zona norte, a diferencia de la zona sur donde hay una mayoría de expansión ganadera, encontramos grupos de campesinos e indígenas en resistencia a la usurpación de sus tierras. Además, es una zona de tráfico ilegal de marihuana, personas, y todo lo que genere ganancia.
Los actores que ejecutan la criminalización son principalmente los policías, fiscales y jueces, es decir, los funcionarios públicos del Poder Judicial y de la Policía Nacional. También actúan agentes de seguridad privada o civiles armados con consentimiento de los funcionarios públicos. Por otro lado, los tipos penales utilizados para estos procedimientos van desde las órdenes de captura, pasando por prisión preventiva, prisión domiciliaria, condenas en juicios abreviados y hasta ejecuciones extrajudiciales en algunos casos.
Según la CODEHUPY, Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, desde 1989 hasta 2012 se registraron 115 casos de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la lucha por el acceso a la tierra. Asimismo, entre 2004 y 2008, se emitieron más de 3 mil condenas en juicios abreviados. En estos últimos años, se presenta un aumento creciente de la gravedad de los cargos imputados, a saber: invasión, lesión, asociación criminal, homicidio, secuestro y terrorismo. A su vez, hay un paso de la masificación a la selectividad, es decir, pocos procesados con cargos graves. Por ejemplo, el caso de los dos militantes de la Federación Nacional Campesina que fueron condenados a cinco años de prisión por los cargos “Invasión y asociación criminal” en el año 2006.
Para contextualizar estas condenas a los campesinos en el marco de la lucha por el acceso a la tierra, hay que tener en cuenta que en Paraguay el 80% de las tierras cultivables están en propiedad del 2% de la población. El 2% de los propietarios tienen tierras de hasta 10 hectáreas. Se estima que actualmente quedan 82 millones de hectáreas de tierras malhabidas, es decir, tierras fiscales que fueron entregadas durante el stronismo a amigos políticos y empresarios a costa de desalojos a comunidades enteras, campesinas e indígenas.
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