Conferencia: Golpe y Derechos Humanos en Paraguay

El pasado 6 de marzo se realizó en Buenos Aires la conferencia “Golpe y Derechos Humanos en Paraguay” en el  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).  Para la actividad disertaron  el ex canciller Jorge Lara Castro , la integrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay (CONAMURI), Perla Alvarez; el presidente de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), Domingo Laíno, y Clyde Soto, por la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY).

El panel fue coordinado por el ex canciller argentino y actual miembro de la Comisión Directiva del CELS, Jorge Taiana, y contó con la numerosa participación de representantes de organizaciones sociales y políticas. Los panelistas abordaron con solidez  los vínculos entre el quiebre institucional y la situación de los derechos humanos en Paraguay con particular foco en la persecución y criminalización de quienes luchan por el acceso a la tierra.

En la apertura Jorge Taiana indicó que “si los sistemas no incorporan nuevos sectores, no se vislumbran nuevas perspectivas” y agregó que los actores que justamente históricamente fueron negados de participación, son los campesinos/as e indígenas.  Asimismo, señaló que la sanción ejercida por la región implica una estrategia de autodefensa, considerando también lo sucedido en Honduras como el antecedente inmediato.

El Evento fue organizado por  el Movimiento138. Colectivo de resistencia cultural y el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP-UBA) Desde Paraguay, se contó con la asistencia de APE Paraguay, Articulación Curuguaty y el Mirador Paraguayo, que colaboraron en la transmisión por internet.

Todos los disertantes expresaron gran preocupación por la situación actual de los Derechos Humanos en Paraguay, ya que hay signos de atropellos sistemáticos que merecen atención en la región latinoamericana.

La “concentración escandalosa” se da en manos de “latifundistas evasores”

El presidente de PEICC, Domingo Laíno, fue el primero en realizar su exposición que apuntó a describir los rasgos fundamentales que hacen a la desigualdad social y que son causales de la pobreza extrema en el país. Señaló que en el 2010 mientras la economía creció en un 15%, creció también la pobreza rural en el Paraguay.

Luego de dejar en claro que a economía paraguaya se rige por la tierra, Laino sostuvo que la “concentración escandalosa” se da en manos de “latifundistas evasores” cuyos “títulos” no coinciden con los documentos oficiales. Asimismo, indicó que desde 1963 al 2013 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) transfirieron de forma irregular 8 millones de hectáreas de tierras. Entre estos “criminales beneficiados” se encuentra Blas N Riquelme, titular de Campos Mormombí.

Según la FAO el Paraguay, es el país en el que más concentración existe. En tiempos de dictadura stronista se realizaron ventas fraudulentas, vendidas y revendidas a “colonos brasileros, ahora señores feudales” afirmó Laíno. El amigo y socio de Lino Oviedo, Blas Riquelme, recibió siempre los apoyos necesarios para continuar con los negociados mafiosos.

“El caso Curuguaty permite comprender la confluencia de factores geopolíticos, y  que confluyen intereses más allá de lo económico”.

Perla Álvarez, integrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay (CONAMURI), es una de las principales personas que trabaja en territorio con las familias de los campesinos y campesinas afectadas en la Masacre de Curuguaty. Su tenaz lucha no opaca su dulzura y profundidad que se desplegó en una exposición que arrancó con un saludo a los presentes en guaraní.

“La Masacre de Curuguaty es un hecho de grandes dimensiones, sin precedentes en el Paraguay.  En minutos se masacraron campesinos y policías. El caso permite comprender la complejidad del proceso, ya que interactúan factores geopolíticos y confluyen intereses más allá de lo económico. Todo esto reditúa a sectores dominantes” señaló Perla.

En su exposición, Alvarez explicó que la extensión del modelo del agronegocio arrincona a las comunidades campesinas en pequeñas islas. Existen tres departamentos que sufren masivamente la interferencia del cultivo extensivo que resulta de un modelo que se viene gestando en los últimos 30 años, que expulsa la agricultura campesina familiar. Lo mismo ocurre en el Chaco paraguayo en los territorios indígenas en conflicto con los ganaderos.

La integrante de CONAMURI señaló que Blas Riquelme posee sólo en el departamento de Canindeyú 70 mil hectáreas, sin contar las que tienen en otros departamentos de Paraguay. Sin embargo la disputa que se da por las 2 mil hectáreas, sobre las que no tiene título y figuran en catastro como tierra fiscal. Esas tierras implican un espacio minúsculo, una menudencia, respecto a las propiedades que el empresario Blas Riquelme posee. Mientras que los once campesinos que murieron no tenían donde vivir, donde trabajar. Esto ilustra los enormes márgenes de desigualdad que existen. Las irregularidades registradas en la posesión de la tierra se deben a la corrupción del Estado.

La Masacre de Curuguaty se produjo el 15 de junio. Perla recordó que el día posterior la Asociación Republicana Paraguaya (ARP, más conocida como Partido Colorado) y la Asociación que nuclea a los sojeros definieron juntos el juicio político a Lugo, y la prensa lo puso  en agenda con una condena cantada previamente.

“A los campesinos se los está condenando sin investigación ni pruebas” dijo Perla, “sin siquiera vergüenza de las actuaciones que realizan” agregó más tarde. Así se perpetra  una violación sistemática de los derechos humanos de los campesinos en general y de los presos políticos en particular.

“Dos de los huelguistas llevan alrededor de  40 días de huelga de hambre, cinco de ellos tienen prisión domiciliaria luego de 50 días de huelga de hambre. Existen 60 personas imputadas, 45 de ellos prófugos. Es decir que en cada familia de esta comunidad campesina hay más de un preso, muerto, desaparecido o judicializado. Estas a familias se encuentran protegidas únicamente por la solidaridad que tienen entre ellas, pero no sabemos como pueda sostenerse ello en el tiempo ya que no hay garantías” expresó la referente de mujeres campesinas e indigenas. Quizás uno de los momentos más llamativos de su exposición, fue cuando denunció la existencia de un “Plan Curuguaty” llevado a cabo por el gobierno golpista para desarticular la organización, la protección y la resistencia a partir de un trabajo de inteligencia y el uso de profesionales.

Por otra parte, se entrevió que el contexto electoral deja relegada la temática. “Ello complica la capacidad de respuesta que podamos tener ante tanta agresión sistemática. En este momento estamos muy preocupados por los huelguistas y por todos los compañeros y compañeras que están siendo acosados en sus territorios. Las comunidades indígenas se encuentran en la misma situación, tan delicada como el caso Curuguaty” aseveró Álvarez.

“El golpe se realiza porque se necesita continuar con una matriz de dominación y concentración”.

La tercera disertante fue Clyde Soto, por la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY). Ella manifestó que la relación simbiótica entre el golpe y violación de los derechos humanos se basa en un largo proceso. “El golpe se realiza porque se necesita continuar con una matriz de dominación y concentración” afirmó Clyde. “La concentración se consolida durante la dictadura de Stroessner. El golpe no trajo nuevas violaciones de los DDHH sino que se eliminaron mecanismos incipientes para modificar ese patrón que continúa casi intacto” agregó la disertante.

Asimismo, Soto señaló que los eventos de violación de los Derechos humanos toman un ritmo vertiginoso que visualizan los vínculos entre operadores y gestores del poder político. Ese vínculo se impone con impunidad. “Desde 1989, año de la caída de Stroessner, mueren 120 campesinos. Hemos seguido 77 de esos casos, ninguno de ellos tuvo  una investigación justa” sostuvo la especialista en Derechos Humanos.

Posteriormente, Clyde comentó que “El golpe se realiza para romper acuerdos básicos que molestaban en el camino impuesto por el modelo de la agricultura intensiva. Todos los documentos oficiales que se han producido a partir del caso Curuguaty son una muestra del absurdo. Hay asesinatos electivos en manos de sicarios y se teme por la vida de 8 personas más que reciben amenazas”. En esta dirección, calificó al tratamiento judicial del caso Curuguaty como “una sumatoria de absurdos. Hay imputadas 60 personas que no estaban en el lugar de la lucha sino que se encontraban en un listado oficial. 14 procesados, un adolescente condenado en un proceso abreviado. Institucionalmente se cerraron todas las puertas para que esto cambie porque el mismo fiscal fue ratificado. El mismo juez que manifestó desprecio por la vida de los huelguistas, que cedió las tierras a Blas Riquelme es quien tiene en manos este caso”.

Para continuar con la descripción de este desalentador panorama, Clyde mencionó la situación de las dos embarazadas presas, los despidos injustificados de 3 mil funcionarios públicos, los negociados vergonzosos en manos del gobierno golpista para justificar su concepto de desarrollo, la violación de DDHH en comunidades indígenas, la violación de la libertad de prensa en el avasallamiento a la TV pública, etc.

En cuanto al análisis político, la referente de CODEHUPY sostuvo que el golpe empodera a una derecha retrograda y conservadora y además quebranta la relación frágil entre las fuerzas progresistas. Para terminar comentó “es necesario que los DDHH ocupen su lugar central en la agenda política. Hay que fortalecer la capacidad de defensa”.

La concentración, exclusión y desigualdad se desarrollan conjuntamente con el modelo del agronegocio

Jorge Lara Castro, ex canciller paraguayo durante el gobierno de Fernando Lugo, tuvo a su cargo el cierre de la sucesión de exposiciones, retomando lo expresado y realizando un valioso análisis.

Lara Castro señaló que si bien dictadura hubo atropellos a los derechos humanos que se justificaban impunemente, a nadie se le ocurría decir que eso era una democracia. “Ahora la violación de los DDHH se realiza bajo ese concepto. El acto electoral viene a consolidar y justificar todo el daño que ya se está haciendo. Es un golpe contra la integración de los pueblos latinoamericanos. Los golpes se dan cuando los sistemas políticos y económicos muestran signos de agotamiento” afirmó. Antes el “estado de excepción” tenía la forma de “estado de sitio” y hoy tiene la forma de un proceso de democracia representativa, sostuvo más tarde-

En una definición contundente, el ex canciller marcó “la concentración, exclusión y desigualdad se desarrollan conjuntamente con el modelo del agronegocio. Es un modelo que no solo destruye la naturaleza sino la vida. Promueve la imposibilidad de miles de paraguayos de trabajar dignamente. Es un modelo que para su funcionamiento requiere una serie de mecanismos en manos de los medios de comunicación”.

Asimismo, cuestionó la validez del actual escenario electoral “elecciones no significa democracia cuando hay un pueblo marginado. Este sistema estimula el pensamiento neocolonial que se basa en la desinformación y la violencia. Los golpistas son en la actualidad los primeros promotores de la “competencia electoral” y se presentan a elecciones uniformados de demócratas. No hay piezas sueltas” manifestó el ex funcionario.

Más tarde invitó a pensar “¿Cómo hablar de un estado de derecho si la mayoría de los indígenas y campesinos están fuera del Estado? Se trata de un estado de excepción en base al despojo.

“Curuguaty expresa la problemática historia de la estructura agraria, pero también de las luchas campesinas. 

Los conservadores fueron muy hábiles para dar el golpe, pero la lucha campesina demuestra una solidaridad infinita. Durante la dictadura no hubo jóvenes que se sacrificaran por el mercado, sino que murieron por la búsqueda de la dignidad humana.  El desarrollo de nuevas opciones dependerá de nuestras capacidades y sabidurías para redefinir nuestras soberanías” afirmó Lara Castro.

El ex canciller fue quien realizó mayores referencias respecto a cómo entender este golpe constitucional. En esta dirección sostuvo que todos los golpes fueron siempre realizados por los intereses dominantes, ahora son constitucionales pero violando la constitución; pues frente al modelo de la agroindustria, comenzaban a visibilizarse varios problemas que resultaron insoportables para determinados grupos de poder.